Entre 2000 y 2012, América Latina y el Caribe logró retirar del trabajo a 7,5 millones de niños, niñas y adolescentes. A pesar de este avance significativo, las estimaciones mundiales de 2013 mostraron un estancamiento en la reducción y un grave riesgo de retroceso en el contexto de crisis económica que mostraba la región, lo que se ha venido reforzando con situaciones como la persistencia de la desigualdad, el alto grado de informalidad de la economía y el déficit en la calidad del empleo.
Para enfrentar la situación, en 2014 se creó la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, una plataforma de cooperación intergubernamental conformada por 27 países, con activa participación de organizaciones de empleadores y de trabajadores, a través de la cual se busca potenciar los aprendizajes, las buenas prácticas e impulsar la cooperación sur-sur para acelerar la reducción del trabajo infantil.
La Iniciativa Regional se vio fortalecida en 2015 con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que incluye la meta 8.7 referida a "...asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas". Este compromiso mundial reforzó la apuesta y transformó una preocupación regional en una aspiración global.
Para acelerar la reducción del trabajo infantil en América Latina y el Caribe, la Iniciativa Regional propone un modelo de intervención que busca acompañar a la primera generación libre de trabajo infantil para 2025 mediante una combinación de tres intervenciones en el territorio:
De prevención: dirigidas a niños y niñas desde los 5 hasta los 17 años, con un enfoque de ciclo vida que les acompañe en su desarrollo y satisfacción de necesidades específicas, con el fin de interrumpir la trayectoria de trabajo infantil.
De restablecimiento de derechos: enfocadas a niños, niñas y adolescentes que ya están en situación de trabajo infantil, incluyendo las peores formas, y que deben ser retirados con urgencia de actividades peligrosas y de formas de explotación económica que constituyen delitos.
De sostenibilidad: para asegurar la institucionalización de políticas de Estado orientadas a la prevención y reducción del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente permitido, promoviendo y fortaleciendo la articulación entre programas y servicios públicos y privados que tengan impacto en la temática.
De acuerdo con el informe Findings on the Worst Forms of Child Labor 2015, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que categoriza a los países por el grado de avance en la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, de los 26 países de América Latina y el Caribe analizados, 8 presentaron avances significativos; 9 progresos moderados y 9 avances mínimos, en temas como fortalecimiento de marcos normativos nacionales, combate al trabajo doméstico y ampliación de programas y servicios sociales (combate a la pobreza y educación).
Cabe destacar que de los 16 países del mundo que registraron avances significativos, 8 corresponden a América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú). No obstante, persisten desafíos como la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades ilícitas, prohibición y reconversión del trabajo peligroso, debilidad en la aplicación de la Ley.
